Plusvalía municipal y acuerdos de imposición

El Tribunal Supremo se vuelve a plantear, nuevamente, si pueden impugnarse plusvalías municipales si no existe el previo acuerdo de imposición de las mismas.

El Tribunal Supremo se vuelve a plantear, nuevamente, si pueden impugnarse plusvalías municipales si no existe el previo acuerdo de imposición de las mismas.

Efectivamente, con los autos de 26 de enero y 23 de marzo de 2022 se reabre de manera incomprensible nuevamente un debate totalmente innecesario acerca de su necesidad a la vista no solo del claro texto de la ley (tanto la de 1988 como la actual de 2004), sino por mor de la propia abundante y consolidada doctrina jurisprudencial del alto tribunal al respecto.

Y es que en sede municipal hay tributos que se exigen a gusto del cobrador, siendo totalmente voluntario para los ayuntamientos su establecimiento. Dentro de ese grupo se encuentra precisamente la plusvalía municipal, cuyo régimen legal, tal y como lo conocíamos hasta hace unos meses, germinó en puridad del texto legal de 1988 (artículo 60.2 de la Ley de Haciendas Locales 1988).

Precisamente por su carácter voluntario, si un Ayuntamiento quería pasar a exigir la plusvalía municipal, tenía que acordar previamente su imposición para seguidamente proceder a aprobar su ordenación, mediante la correspondiente ordenanza fiscal del impuesto (artículos 15.1, 16.1, 38.1 y 60.1 de la Ley de 1988). A mayores, y como colofón, los textos íntegros de ambos acuerdos (el de imposición y el de ordenación) habían de ser publicados en el boletín oficial correspondiente (artículo 17.4 de la Ley de 1988).

Si no se conjugaban ambos requisitos (aprobación de la imposición y publicación definitiva del acuerdo conjuntamente con la ordenanza fiscal), el tributo no se podía exigir, y así lo ha reconocido la propia doctrina jurisprudencial del alto tribunal (por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2002), no siendo suficiente que con la publicación únicamente de la ordenanza fiscal se entendiera implícitamente adoptada la imposición, salvo que en el artículo primero de la ordenanza figurara el propio acuerdo de imposición de manera expresa (sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2001).

Un Ayuntamiento no puede exigir la plusvalía si no tiene publicado el texto íntegro del acuerdo de imposición fiscal

un Ayuntamiento no puede exigir la plusvalía (ni el ICIO ni tasas ni contribuciones especiales) si no tiene publicado el texto íntegro del acuerdo de imposición fiscal, por lo que cualquier liquidación o acto administrativo al respecto ha de reputarse nulo de pleno derecho, debiendo impugnarse”.

Pablo G Vázquez @pablogvazquezz | Responsable Jurídico de Stop Sucesiones

Es cierto que hubo muchos ayuntamientos en España que no adoptaron el expreso y preceptivo acuerdo de imposición en la inteligencia de que ya venían exigiendo impuestos parecidos (arbitrios de plusvalía) y que con la ley de 1988 únicamente tenían que proceder una modificación del impuesto. Sin embargo, este pensamiento bienintencionado choca frontalmente con la disposición transitoria quinta de la ley de haciendas locales de 1988, en relación con la DT 1.ª, la cual obligaba a esos ayuntamientos a adoptar los acuerdos de imposición del nuevo tributo antes de 1990.

En esta situación, y por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, podrían estar en esta situación los municipios siguientes: Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada, Guadarrama, Villar del Olmo, Coslada, Parla, Manzanares el Real, Mejorada del Campo, Aranjuez, Boadilla del Monte, Navacerrada, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz etc…, entre otros más.

En palabras de Pablo G. Vázquez (@pablogvazquezz), responsable jurídico de Stop Sucesiones: “un Ayuntamiento no puede exigir la plusvalía (ni el ICIO ni tasas ni contribuciones especiales) si no tiene publicado el texto íntegro del acuerdo de imposición fiscal, por lo que cualquier liquidación o acto administrativo al respecto ha de reputarse nulo de pleno derecho, debiendo impugnarse”.

Pablo G Vázquez
Pablo G Vázquez

Pablo G Vazquez
Abogado tributarista. Especialista en herencias.
Responsable jurídico de Stop Sucesiones Madrid

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