Portavoces en Aragón de Stop Sucesiones comparece en las Cortes

Stop Sucesiones en la persona de su Portavoz en Aragón, Francisco Langa, y el Portavoz en Zaragoza, Miguel Angel Ramos entre otros, pide la supresión de un impuesto “anacrónico, obsoleto, poco eficiente, injusto, confiscatorio y anticonstitucional” en las Cortes de Aragón.

 

Miembros plataforma contra el Impuestos de Sucesiones #StopSucesiones

Texto Cortes de Aragón.

Zaragoza, 30/05/17.- “Anacrónico, obsoleto, poco eficiente, injusto, confiscatorio y anticonstitucional”. Con estos calificativos ha definido esta mañana el colectivo Stop Sucesiones el impuesto actual vinculado a las transmisiones de bienes en herencias y donaciones y, en base a ellos, ha reclamado su supresión ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón.

Según ha expuesto Miguel Ángel Ramos, esta carga fiscal es “una de las inquietudes y problemas más acuciantes de los aragoneses”. “Por ello surgimos como movimiento ciudadano sin vinculación política ni sindical”, ha añadido. Ahora, tras las recogidas de firmas y “protestas masivas de afectados” que ha relatado, ha reclamado tanto la supresión como, mientras tanto, bonificaciones en Aragón del 99% y eximir del pago en el ámbito familiar.

“Es ir en contra de la propia sociedad porque recae en su gran medida sobre la clase media y trabajadora. Los pobres no tienen y los ricos no son tontos, tienen medios para evadirlos”, ha expresado este portavoz. Además, ha asegurado que frente al 34% de tipo máximo en España, la media de la OCDE está en el 15%, recordando además, según sus cifras, que países como Nueva Zelanda, Canadá, Austria y Suecia lo han eliminado.

El popular Fernando Galve ha desmentido que este impuesto grave la riqueza, pues “afecta sobre todo a las clases medias”. “No es un grupo reducido quien reclama su supresión, pues 46.000 firmas es más que los votos que algún grupo político ha conseguido para estar representado aquí”, ha apuntado Galve, que ha negado que el PP “esté detrás” de la plataforma “como se ha dicho” y ha calificado al tributo de “anacrónico, obsoleto, confiscatorio y absolutamente injusto”.

El socialista Enrique Pueyo ha negado que el impuesto “se haya incrementado”, pues “solo se han eliminado algunas de las bonificaciones y reducciones a las rentas más altas”. “La democracia se crea para distribuir justamente con el fin de mantener los servicios públicos de los cuáles todos nos aprovechamos”, ha apuntado Pueyo, que ha resaltado que el impuesto “es progresivo, forma parte de los países más avanzados y en la anterior legislatura ya existía”.

Desde Podemos, Marta Prades ha defendido el impuesto por su “importancia” para “la distribución de las rentas” y ha recordado que “existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo”. La diputada ha reconocido que “nuestro sistema fiscal ha perdido justicia y progresividad debido al fraude, a las reformas realizadas y a los mecanismos de elusión de impuestos de varias empresas”. “Las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía y ser garantes de la igualdad de oportunidades, y la única forma de garantizar los derechos es vía impuestos”, ha sentenciado.

Elena Allué (PAR) ha indicado que, “como partido aragonesista que defiende a sus ciudadanos”, su formación va a seguir defendiendo la eliminación del impuesto y que, hasta entonces, “se llegue al máximo posible de bonificaciones”. “Los ciudadanos aceptamos con mayor o menor resignación que tengamos que pagar impuestos, pero este es excesivo, confiscatorio, grava doblemente a las familias y nace de esa voracidad fiscal que algunas autonomías como Aragón están practicando contra sus habitantes”, ha sentenciado.

Por Ciudadanos, Jesús Sansó ha asegurado que su formación defiende que este impuesto “converja en su tributación a nivel nacional y que se armonicen los tipos fiscales, así como las diferentes exenciones y condiciones”. “Son inadmisibles las profundas divergencias que se dan a un lado y a otro de las fronteras interiores, entre las comunidades autónomas, lo que conlleva que se estén gravando las rentas del trabajo”, ha argumentado el parlamentario.

Por parte del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha defendido el impuesto “por planteamiento político y por justicia redistributiva”. “Catedráticos que han pasado por esta casa como los señores Laborda y Casasnovas también lo han defendido. Yo estaría de acuerdo en suprimirlo siempre y cuando nos financien adecuadamente. Pero es que mientras llega eso la Comunidad tiene que cumplir la estabilidad presupuestaria y prestar los servicios públicos fundamentales”, ha manifestado Briz.

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