Venció el plazo constitucional para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027

Stop Sucesiones advierte de que el Gobierno incumple por cuarto año consecutivo el calendario presupuestario mientras España continúa funcionando con las cuentas aprobadas para 2023.

1 de octubre de 2026

Pruebe cualquier ciudadano a decirle a la Agencia Tributaria que no ha presentado su declaración porque todavía está negociando con sus socios, porque no ha conseguido los apoyos necesarios o porque piensa entregarla antes de que termine el año.

La respuesta de Hacienda será conocida: recargo, intereses o sanción, según las circunstancias.

El Gobierno, en cambio, dejó pasar ayer el plazo constitucional para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Es el cuarto año consecutivo en el que las cuentas no llegan al Congreso dentro del calendario establecido.

Si tú llegas tarde, pagas. Si el Gobierno llega tarde, prorroga.

Presupuestos Generales del Estado de 2027: el plazo constitucional

El artículo 134.3 de la Constitución establece que el Gobierno deberá presentar los Presupuestos Generales del Estado ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio anterior.

Por tanto, el plazo para presentar las cuentas de 2027 venció el 30 de septiembre de 2026.

No estamos ante una recomendación ni ante una fecha orientativa. La Constitución utiliza una expresión inequívoca: el Gobierno deberá presentar los Presupuestos.

España continúa funcionando con las cuentas aprobadas para 2023 mediante la Ley 31/2022. Desde entonces no se han aprobado nuevos Presupuestos y tampoco se han presentado dentro del plazo constitucional los correspondientes a 2024, 2025, 2026 y 2027.

Cuatro ejercicios consecutivos. Cuatro retrasos. Y unas cuentas diseñadas para la España de 2023 que siguen sosteniendo la realidad económica y social de 2026.

A cualquier contribuyente que llega tarde, Hacienda le exige que responda por su incumplimiento. Cuando quien llega tarde es el Gobierno, las cuentas se prorrogan y aquí no ha pasado nada. Esta desigualdad erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Eligio Taboada, presidente de Stop Sucesiones

La prórroga es legal; convertirla en costumbre, no

Conviene hacer una precisión jurídica importante.

El artículo 134.4 de la Constitución permite la prórroga automática de los Presupuestos cuando las nuevas cuentas no han sido aprobadas antes del inicio del ejercicio correspondiente.

España, por tanto, no está formalmente sin Presupuestos. La Administración puede continuar funcionando, los servicios públicos no se paralizan y el Gobierno puede adoptar determinadas modificaciones presupuestarias conforme al ordenamiento jurídico.

Pero la prórroga fue concebida como una solución transitoria para evitar un vacío presupuestario, no como una fórmula ordinaria de gobierno.

Una cosa es que el Ejecutivo presente unas cuentas y no consiga que el Congreso las apruebe. Otra muy distinta es que ni siquiera registre el proyecto dentro del plazo establecido por la Constitución.

La primera situación puede deberse a la aritmética parlamentaria. La segunda es responsabilidad exclusiva del Gobierno.

La prórroga presupuestaria es constitucional. Lo que no debería considerarse normal es convertir durante cuatro años una solución excepcional en sustituto del acuerdo político y de la rendición de cuentas.

Enrique Arroyo, servicios jurídicos de Stop Sucesiones

Presentarlas más tarde no convierte el retraso en puntualidad

El Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, inició en junio la elaboración de los Presupuestos de 2027. El Ejecutivo mantiene que el debate presupuestario se celebrará antes de que termine el año.

Bienvenidas sean las cuentas cuando finalmente lleguen.

Pero presentar en noviembre o diciembre lo que debía registrarse antes del 1 de octubre no significa haber cumplido el plazo constitucional.

Un contribuyente que presenta fuera de plazo una declaración no se convierte en puntual porque termine entregándola unos meses después. Con el Gobierno debería aplicarse, al menos políticamente, el mismo criterio de responsabilidad.

La Constitución no fija ese calendario por capricho. Los tres meses de antelación permiten que el Congreso examine el proyecto, solicite comparecencias, presente enmiendas y debata las prioridades económicas antes del comienzo del nuevo ejercicio.

Llegar tarde comprime los plazos, dificulta la negociación y reduce la capacidad de realizar un análisis parlamentario completo.

Un país gobernado con una contabilidad de 2023

Los Presupuestos son la Los Presupuestos son la radiografía económica de un Gobierno.

Permiten conocer cuánto espera recaudar, en qué piensa gastar, qué inversiones considera prioritarias, qué beneficios fiscales mantiene y cómo pretende financiar sus compromisos.

También obligan al Ejecutivo a mostrar conjuntamente su política económica y someterla al examen de los representantes de los ciudadanos.

Cuando se prorrogan unas cuentas antiguas durante varios años, las decisiones comienzan a repartirse entre decretos leyes, modificaciones de crédito, transferencias presupuestarias y medidas parciales.

Todos esos instrumentos pueden ser legales y están sometidos a sus correspondientes controles. Pero ninguno sustituye al debate completo, ordenado y transparente de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En lugar de una política económica visible en su conjunto, los ciudadanos reciben las decisiones por entregas: un anuncio hoy, un decreto mañana y una modificación presupuestaria la semana siguiente.

Las familias, los autónomos y las empresas necesitan estabilidad, planificación y seguridad jurídica. No pueden organizar su futuro únicamente a partir de ruedas de prensa.

Hacienda exige una puntualidad que el Gobierno no practica

Como asesor fiscal, llevo años explicando a ciudadanos y empresas que los plazos tributarios deben cumplirse. No hacerlo puede tener consecuencias incluso cuando el contribuyente atraviesa dificultades personales, económicas o familiares.

Por eso resulta especialmente preocupante que el Estado sea extraordinariamente riguroso con los retrasos de los ciudadanos y tan comprensivo con sus propios incumplimientos institucionales.

Naturalmente, una declaración tributaria y unos Presupuestos Generales del Estado no son jurídicamente lo mismo. Pero ambos comparten un principio elemental: los plazos solo conservan su autoridad cuando las instituciones que los imponen también respetan los suyos.

La confianza en el sistema fiscal no depende exclusivamente de cuánto se recauda. También exige ejemplaridad, transparencia, seguridad jurídica y una gestión responsable del dinero público.

La Constitución no es una sugerencia

El Gobierno todavía puede presentar los Presupuestos de 2027 y someterlos al debate del Congreso. Debe hacerlo.

Pero cuando lleguen, ya lo harán fuera del plazo constitucional. Ese hecho no puede borrarse mediante una rueda de prensa ni justificarse únicamente por la falta de apoyos parlamentarios.

A los ciudadanos se les exige puntualidad. Al Gobierno hay que exigirle, como mínimo, el mismo respeto por sus obligaciones.

La Constitución no es una sugerencia. Los Presupuestos no son un trámite opcional. Y el sistema tributario no puede utilizarse para exigir al contribuyente aquello que las propias instituciones no están dispuestas a practicar.

Desde Stop Sucesiones seguiremos trabajando para que la política fiscal vuelva a colocarse al servicio de las familias, de la seguridad jurídica y de la protección del patrimonio construido durante toda una vida.

Porque heredar no debe ser un lujo.

Asociación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones en España «Stop Sucesiones» Defendiendo tu derecho a heredar lo que es tuyo.